Senado aprueba proyecto de ley que amplía cobertura y refuerza la atención a personas mayores vulnerables
El Senado de la República de Colombia ha dado luz verde a una nueva iniciativa legislativa diseñada para robustecer el cuidado y amparo de la población de la tercera edad en el país. Se trata del Proyecto de Ley 250 de 2024, impulsado por la senadora Karina Espinosa, el cual propone modificar de fondo las Leyes 1276 de 2009 (relativa a los Centros Vida) y 1850 de 2017. Esta reforma busca ampliar la red de cobertura, optimizar la financiación estatal y endurecer severamente las sanciones contra quienes maltraten o abandonen a las personas mayores.
Optimización de recursos y creación de las «Granjas para Adultos Mayores»
Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la optimización del recaudo y la ejecución de la «Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor», un mecanismo de financiación a cargo de las asambleas departamentales y concejos municipales. Con esta modificación, los recursos recaudados se aplicarán en su totalidad a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y los Centros Vida.
Como gran innovación, la ley autoriza que los fondos de esta estampilla también se destinen a la creación, construcción, dotación y operación de «Granjas para Adultos Mayores». Estos nuevos espacios, pensados para instalarse primordialmente en áreas rurales y semiurbanas, tienen el objetivo de brindar a los ancianos albergue, alimentación, recreación, alternativas productivas y atención integral en condiciones dignas.
A nivel administrativo, la ley incrementa la responsabilidad: los gobernadores y alcaldes serán los directos responsables de garantizar la adecuada inversión de estos dineros en sus jurisdicciones y deberán rendir cuentas sobre la ejecución de dichos programas.
Foco en la población fuera del sistema y mayor vulnerabilidad
El proyecto legislativo representa una verdadera ampliación de cobertura para llegar a aquellos adultos mayores que históricamente han estado por fuera de los Centros Vida y Centros de Bienestar. El articulado exige que la atención se extienda de forma prioritaria a ancianos en condición de abandono, indigencia, pobreza extrema, víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar, así como a aquellos damnificados por desastres naturales o emergencias sanitarias.
Esta medida responde a una dura realidad demográfica y social, pues en Colombia se estima que cerca de 3,9 millones de personas mayores se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, requiriendo protección económica y servicios para un envejecimiento digno.
Endurecimiento de las penas por maltrato y abandono
En el ámbito penal, el proyecto endurece drásticamente las medidas frente al maltrato, la negligencia y el abandono. Según lo aprobado, las personas que cometan actos de abandono contra adultos mayores se expondrán a penas privativas de la libertad de entre cuatro y ocho años, además de sanciones económicas, castigando con especial severidad los casos vinculados a violencia intrafamiliar.
La senadora Karina Espinosa ha reiterado que este avance no es un favor, sino un acto de «justicia social». Según la legisladora, frente al doloroso abandono y la indiferencia que ha sufrido esta población, los adultos mayores colombianos «merecen más cuidado, más dignidad y más respuestas reales» para que se sientan verdaderamente protegidos.
