El Veto Presidencial a la Ley Integral de Personas Mayores en Chile: Un Conflicto Legislativo y Social

El 5 de enero de 2026, el Congreso Nacional de Chile despachó de manera unánime el proyecto de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, un hito histórico tras cinco años de tramitación (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2026). Sin embargo, el 27 de febrero de 2026, a menos de dos semanas del cambio de mando presidencial, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó un veto sustitutivo a la normativa, desatando una fuerte crisis institucional y social (Vergara, 2026). La medida fue comunicada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y afecta directamente a los artículos 15 y 29 del proyecto, ambos relacionados con materias laborales (Valdés, 2026a).

¿En qué consiste la facultad del veto?

El veto presidencial, establecido en Chile desde la Constitución de 1833, es una atribución exclusiva del jefe de Estado que le permite sancionar o formular observaciones a un proyecto de ley antes de su promulgación. El ejercicio de esta herramienta no anula el proyecto, sino que obliga al Congreso a rediscutir la normativa (Mala Espina, 2023). En este caso particular, el Ejecutivo utilizó un «veto sustitutivo», el cual propone una nueva redacción para ciertos fragmentos del texto original, lo que exige que la iniciativa regrese a la cámara de origen para ser votada nuevamente (Análisis de la Crisis Legislativa, 2026).

Los motivos del Gobierno: Protección laboral y fin de la discriminación etaria

La principal justificación del Ejecutivo para frenar temporalmente la ley radica en el riesgo de precarización laboral hacia los adultos mayores. Según la ministra Javiera Toro, el artículo 29 abría la puerta a una modalidad de «libre elección horaria» y a pactos de suspensión de la relación laboral sin causales objetivas. El gobierno advirtió que estas condiciones podrían obligar a los trabajadores mayores a tener una disponibilidad permanente, exponiéndolos al estrés y dejándolos en vulnerabilidad extrema, al permitir suspensiones indefinidas sin goce de sueldo, sin cotizaciones previsionales y sin derecho a indemnización (Valdés, 2026).

Como medida correctiva frente a este panorama, el veto presidencial propone igualar el ingreso mínimo mensual de las personas mayores de 65 años con el del resto de la población adulta, argumentando que las actuales distinciones salariales constituyen una discriminación etaria inaceptable . La ministra aseguró que el corazón de la ley, que consagra 15 derechos fundamentales (como el trato digno, la autonomía y el acceso a la justicia), no se encuentra en riesgo y será promulgado (Valdés, 2026).

El rechazo de la sociedad civil y el escenario político

A pesar de las explicaciones técnicas, la decisión fue recibida con decepción, molestia y desconfianza por parte de la sociedad civil y agrupaciones de adultos mayores (Valdés, 2026a; Vergara, 2026). Eduardo Toro, director de Conecta Mayor UC, calificó el actuar del gobierno como «muy desafortunado» y cuestionó la lógica de ingresar un veto a puertas de dejar La Moneda, sobre todo considerando que el propio oficialismo participó activamente en los años previos de tramitación. Por su parte, Beatriz Urrutia, de la Fundación Grandes, lamentó que la objeción del Ejecutivo «echa por tierra» todo el esfuerzo de consenso transversal alcanzado en el parlamento (Fuentes, 2026).

Desde la esfera política, diputadas del Partido Republicano, como Catalina del Real y Valentina Becerra, acusaron que el momento en que se presentó el veto socava la continuidad de las políticas públicas y dilata los beneficios tangibles para millones de personas (Cooperativa, 2026). Sectores de la oposición han interpretado este mecanismo legal como una anomalía y una estrategia de la administración saliente para intentar condicionar la agenda laboral del próximo gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, quien asume el 11 de marzo de 2026.

El desenlace de esta crisis legislativa recaerá ahora en manos de la nueva administración y del nuevo Congreso, quienes deberán encontrar una salida que permita promulgar con prontitud los ansiados derechos para los ciudadanos más longevos del país.