Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable
El 17 de marzo de 2026, la administración del Presidente José Antonio Kast retiró oficialmente el veto sustitutivo que había ingresado el gobierno del expresidente Gabriel Boric a la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable (Senado República de Chile, 2026). Esta decisión destraba el proyecto, que había sido aprobado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, dejándolo listo para continuar sus trámites en el Tribunal Constitucional y lograr su posterior promulgación.
La controversia laboral: precarización vs. flexibilidad
El conflicto legislativo se originó el 5 de febrero de 2026, cuando la administración de Boric, a través de la entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, ingresó un veto para objetar los artículos 15 y 29 de la normativa. Estas disposiciones laborales creaban un «contrato especial» para personas mayores que permitía pactar bandas horarias flexibles y la suspensión temporal de funciones según el estado de salud del trabajador.
El gobierno saliente argumentó que estas medidas, bajo la apariencia de voluntariedad, podían abrir espacios de precarización laboral, ya que la suspensión de labores podía traducirse en periodos sin remuneración, lagunas en las cotizaciones previsionales y desprotección frente a indemnizaciones.
Sin embargo, el actual gobierno de Kast desestimó estas aprensiones al retirar las observaciones. La nueva ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, argumentó que mantener la redacción original permite conservar los beneficios de flexibilidad laboral, protegiendo el trabajo en la vejez como un espacio voluntario que fomenta la participación y la autonomía. Además, Wulf destacó que la ley es un paso fundamental para combatir el «edadismo» (discriminación por razones de edad) y reconocer el valor productivo del talento senior.
La presión del cambio demográfico y la «Silver Economy»
La promulgación de esta norma llega en un momento donde el cambio demográfico exige nuevas respuestas institucionales. Actualmente, existen más de 3,6 millones de personas mayores de 60 años en Chile. Al ampliar el espectro, los mayores de 50 años superan los 6,4 millones de habitantes, representando cerca de un tercio de la población chilena y concentrando el 46% del consumo interno del país.
Las proyecciones demográficas indican que para el año 2050, aproximadamente 7 millones de chilenos (uno de cada tres habitantes) pertenecerán a la tercera edad. Frente a este escenario, expertos como Michelle Schnitzer de la organización BondUP señalan que las personas mayores han dejado de ser vistas únicamente desde la perspectiva del cuidado, transformándose en un motor clave de la «economía del envejecimiento» o silver economy.
15 nuevos derechos y freno al abandono social
A nivel de protección estatal, la nueva ley establece 15 derechos específicos, garantizando la igualdad, el trato digno, el acceso a la justicia y la autonomía de las personas mayores.
Entre sus mayores innovaciones destaca la definición legal del abandono social y la creación de un nuevo procedimiento ágil en los tribunales de familia para ir en rescate de las personas mayores con dependencia funcional que viven solos y en el abandono. La directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmat, precisó que esta herramienta dotará al Estado de nuevas facultades para dictar medidas cautelares inmediatas —como el traslado urgente a un hospital— frente a casos críticos.
Adicionalmente, la ley garantiza justicia prioritaria para la «cuarta edad» (personas mayores de 80 años) e instruye la creación de una Política Nacional de Envejecimiento transversal y con vigencia de 10 años, la cual vinculará a distintos ministerios bajo la articulación del Senama.
