La Transformación Digital Bancaria en Chile: El Fin de las Tarjetas de Coordenadas y el Desafío de la Inclusión Financiera
El sistema financiero chileno se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación digital impulsado por la imperativa necesidad de mitigar los crecientes riesgos de fraude y suplantación de identidad (Análisis Estratégico, s.f.). En este contexto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió la Norma de Carácter General N° 538, la cual establece nuevos estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación (Fontánez Núñez, 2025). Esta normativa prohíbe el uso de mecanismos basados en datos impresos, marcando el fin de las tradicionales tarjetas de coordenadas (Quinteros, 2025).
En su reemplazo, las instituciones financieras deben implementar sistemas de Autenticación Reforzada de Cliente (ARC), un modelo multifactorial que exige combinar al menos dos factores independientes: algo que el usuario conoce (como una clave), algo que posee (como un token o dispositivo móvil) o algo que es inherente a él (como datos biométricos faciales o dactilares). Originalmente, la CMF había determinado que la eliminación de estas tarjetas entraría en vigor a partir del 1 de agosto de 2025 (Del Pozo, 2025).
A pesar de los evidentes beneficios para la seguridad y la trazabilidad de las transacciones (SERNAC, 2025), la medida generó un amplio debate social en torno al riesgo de la «digitalización forzada» (Organización de Consumidores y Usuarios de Chile [ODECU], s.f.). Diversos expertos advirtieron que la eliminación abrupta de un formato físico podría traducirse en exclusión financiera para grupos vulnerables, especialmente para las personas mayores, quienes históricamente han mantenido su autonomía operativa gracias a la simplicidad de la tarjeta de coordenadas (Análisis Estratégico, s.f.).
La brecha digital en el país sigue siendo un obstáculo; de hecho, se estima que solo el 5% de la población adulta mayor en Chile ha tenido acceso a capacitación en herramientas digitales, aunque más del 50% manifiesta interés por aprender (López, 2025). Muchos de ellos carecen de teléfonos inteligentes compatibles con las aplicaciones bancarias o habitan en zonas rurales con conectividad deficiente, lo que aumenta el riesgo de tener que delegar sus claves en terceros y sufrir abusos patrimoniales (Meganoticias, 2025).
Frente a las críticas de la ciudadanía y a la solicitud de mayor flexibilidad por parte de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la CMF decidió retroceder y aplazar la eliminación obligatoria de las tarjetas de coordenadas por un año, fijando como nueva fecha límite el 1 de agosto de 2026 (Sala de Prensa, 2025; Boudeguer, 2025). Esta prórroga tiene como objetivo facilitar una «transición amable» y dar tiempo a los usuarios y emisores para adaptarse a los nuevos mecanismos de manera ordenada (López, 2026).
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y ODECU han subrayado los deberes de las entidades financieras durante este proceso: deben proporcionar información veraz, exigir canales de atención inclusivos, y disponer de soporte presencial reforzado. Para no dejar a nadie atrás, instituciones como Banco de Chile y Banco Internacional han combinado la promoción de sus aplicaciones móviles (Mi Pass e Interpass) con la entrega de tokens físicos (Digipass) para quienes no puedan acceder a un smartphone (Del Pozo, 2025).
Con el fin de abordar la alfabetización tecnológica desde la raíz, el Gobierno de Chile y la sociedad civil han activado diversas políticas. Las autoridades lanzaron la primera «Estrategia Nacional de Inclusión Digital para Personas Mayores 2025–2035», una hoja de ruta que busca reducir la brecha socio-digital y promover la autonomía de este segmento a través de alianzas público-privadas (Gobierno de Chile, 2025). El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) se encuentra liderando talleres de inclusión en zonas rurales y difundiendo manuales de uso tecnológico (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2025). A la par, iniciativas como las de la Fundación Conecta Mayor han logrado digitalizar a miles de adultos vulnerables mediante la entrega de teléfonos inclusivos.
En el frente legislativo, el Senado discute un proyecto de ley para establecer estándares de diseño y accesibilidad universal en el mercado financiero, subsanando el vacío actual en la Ley de Bancos respecto a la protección de personas con discapacidad y adultos mayores (Senado de Chile, 2024). El desafío de equilibrar la innovación tecnológica con la inclusión es un fenómeno global.
El Banco de España señala que, ante el riesgo de exclusión financiera, naciones como Países Bajos y Reino Unido han impulsado redes de cajeros compartidas y oficinas («bank hubs») que permiten a los clientes de distintos bancos realizar operaciones básicas presenciales (Alonso, 2023). En España, el movimiento ciudadano «Soy mayor, no idiota» visibilizó las deficiencias de la banca digital, forzando acuerdos gubernamentales para asegurar un trato humano en las sucursales (Prosegur Cash, 2026). Mientras tanto, en Suecia, el uso casi marginal del dinero en efectivo llevó al gobierno a aprobar leyes que obligan a los bancos a garantizar puntos físicos de retiro y depósito a una distancia razonable para toda la población (Alonso, 2023).
